En ese barrio de San Pablo del Monte hay un código no escrito que todos manejan: el silencio.

El sol quemante de la media tarde sólo permite que un policía municipal permanezca ahí todo el tiempo, resguardado en su unidad.

Son las tres de la tarde y el lugar luce casi desierto, la nueva capilla también, sólo dos menores dicen estar de encargados y a cada pregunta responden con una negativa en medio de susurros.

Cuatro días después del hecho el escándalo se ha desatado y ha logrado escalar a los temas de difusión nacional.

Y es que el municipio de San Pablo del Monte, en el sur de Tlaxcala, ha logrado lo que su vecino Tenancingo, famoso por la trata de personas, ya ve como algo más cotidiano: estar en la mira nacional por el actuar de sus pobladores.

El derrumbe de la capilla franciscana edificada en siglo XVIII y remodelada en el XIX, de parte de los pobladores por decisión propia y sin consultar a ninguna autoridad, es la causa.

Pero si este hecho puede resultar sorprendente, lo es más que se hizo como una operación largamente planeada y efectuada con precisión.

De  acuerdo a versiones de testigos presenciales que dan comentarios sueltos y a cuenta gotas, la demolición comenzó la noche del sábado con maquinaria pesada organizada por los mismos pobladores.

En el transcurso del domingo se sacó el escombro.

Pero esta historia empezaría hace 7 años, cuando los vecinos tuvieron la inquietud de quitar la capilla que quitaba vista a la nueva  y aunque no tuvieron éxito en su cometido, tampoco desistieron.  

-"Lo que ahora esperamos es que se construya un parque, un jardín, tener una explanada, como en todas las capillas, eso es lo que se busca", comenta una vecina que de pronto deja salir unas palabras.

Algunos comentarios fluyen a cuenta gotas y dejan ver una opinión dividida entre los habitantes.  

Para algunos se trataba de una edificación peligrosa que ponía en riesgo a los menores que tomaban clases de catecismo en su interior, ya que toda la actividad de la capilla se trasladó a la nueva construcción de 7 años atrás.

Para otros no había razón, se trataba de un lugar que si bien quitaba vista a la nueva edificación, tampoco se consultó a todos los vecinos, ni fue una decisión conjunta.

Pero la presión social deriva en un pacto de silencio.

Nadie reportó nada, ni siquiera las patrullas municipales que recorrieron el barrio el pasado fin de semana.

El mismo silencio que parece extenderse a la autoridad eclesiástica y la municipal.

En el ayuntamiento se habla de un dictamen emitido por protección civil local quee determinó el año pasado que el inmueble representaba un peligro, pero se lava las manos diciendo que ellos no sabían nada ni tienen jurisdicción en estos temas.

Del fiscal y el párroco no se tienen noticias, ya que no pudieron ser localizados en el lugar en donde ahora apenas quedan unas cuantas piedras.